Vol. 1 N° 2

Julio - Diciembre 2024

Transparencia en las contrataciones públicas

Transparency in public procurement

Resumen

La gerencia de la Administración Pública es una labor compleja, fundamentada en la gestión de recursos públicos realizada por los órganos o entes del Estado, han evolucionado desde simple actividades de aprovisionamientos hasta convertirse en un área estratégica desde el ámbito del marco regulatorio que busca formalizar y estandarizar los procedimientos en las contrataciones públicas, con un enfoque en la sostenibilidad, la transparencia y la participación ciudadana. Actualmente la administración pública enfrenta diversos desafíos en políticas reales de gobierno abierto y lucha contra la corrupción, combinadas con procesos participativos y deliberativos, evaluables en su rendición de cuentas, la brecha que existe entre lo que establece la ley y lo que sucede en la realidad, debido a alto nivel de discrecionalidad, desconocimiento u omisiones que cometen los servidores públicos ante la aplicación e interpretación de la legislación vigente en los procesos de contratación. Estas características pudiesen tener una acción de reproducibilidad en todas las instituciones públicas, lo cual permitiría abrir un pórtico para analizar mediante una introspección crítica y reflexiva un análisis sobre el impacto de la transparencia en las contrataciones públicas y la ética como parte de la experiencia humana para su comprensión en las organizaciones gubernamentales.

Abstract

The management of Public Administration is a complex task, based on the management of public resources carried out by the bodies or entities of the State, they have evolved from simple supply activities to become a strategic area from the scope of the regulatory framework that seeks to formalize and standardize procedures in public procurement, with a focus on sustainability, transparency and citizen participation. Currently, public administration faces various challenges in real open government policies, and the fight against corruption, combined with participatory and deliberative processes, evaluable in their accountability. This gap exists between what the law establishes and what happens in reality, due to a high level of discretion, ignorance, or omissions committed by public servants regarding the application and interpretation of current legislation in contracting processes. These characteristics could have a reproducible action in all public institutions, which would allow opening a portal to analyze, through critical and reflective introspection, an analysis of the impact of transparency in public procurement and ethics as part of the human experience to their understanding of government organizations.

Introducción

La transparencia en la contratación pública se ha convertido en un tema crucial en la gestión gubernamental moderna, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones es fundamental para el funcionamiento democrático. A medida que los gobiernos enfrentan crecientes demandas de rendición de cuentas y eficiencia, la implementación de prácticas transparentes en las normas que regulan la materia en los procesos de prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras, se presenta como una estrategia clave para combatir la corrupción y promover una gestión más responsable de los recursos públicos.

En este sentido, el fenómeno de la transparencia en la administración pública y el significado que en la praxis le asignan los servidores públicos está entrelazada con la dimensión ético- moral, como una condición necesaria para la convivencia humana, es decir, el vivir con otros a partir de valores, principios y normas orientado a la conducción del cómo se debe actuar, que decisión es la más correcta en cada caso concreto y que prevalezca el interés por el bien colectivo por encima de los intereses individuales, para mejorar la relación entre sociedad-organización.

Contratación Publica

La contratación pública es un proceso fundamental en la gestión de recursos del Estado, que involucra la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de entidades gubernamentales. Este proceso está regulado por diversas normativas y principios que buscan garantizar la transparencia, eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos. Las actuaciones de la administración pública deben estar enmarcada a las normas que regulan la materia; como bien lo establece el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana, que señala: “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. Como se observa, todo acto realizado por los órganos del Estado debe estar previamente establecido en las leyes, como bien lo dispone el artículo 139 de la (CRBV), que señala: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.

Por lo tanto, el desempeño del Estado depende de la calidad y eficiencia de las políticas y el de la gerencia pública al desarrollar una labor compleja que resulte de la gestión del interés general, entrelazando al control de la gestión pública en los procesos administrativos, siendo uno de los componentes básicos para el buen funcionamiento del Estado, teniendo como divisa el manejo de la cosa pública mediante la organización sistematizada y funcional, originando el procedimiento responsable ético de los servidores públicos, lo cual hace de ella un instrumento imprescindible para el sostenimiento de la Democracia.

La gobernanza participativa, la confianza en los gobiernos y la guerra contra la corrupción. Es por ello, que las contrataciones públicas deben llevarse de manera transparente por quienes están autorizados para contratar en nombre del Estado, en la adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras. Utilizando para ello, las modalidades de selección correspondiente al monto de la contratación según sea el caso.

Etapas del Proceso de Contratación Pública

Este proceso es un conjunto de etapas estructuradas que aseguran la transparencia, eficiencia y equidad que garantizan la adecuada adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado. La primera esta es la Planeación donde se definen las necesidades que la entidad pública busca satisfacer. Esto incluye la elaboración de un plan de contratación que contemple la disponibilidad presupuestaria, el presupuesto base, los plazos y las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir.

La segunda es la Preparación del Proceso que lleva a cabo la elaboración de los documentos necesarios para iniciar la contratación o la modalidad correspondiente, (consulta de precios, concurso cerrado, abierto o contratación directa) depende de la naturaleza y el monto a contratar. Esto incluye la redacción de pliegos de condiciones, que establecen los requisitos y criterios que deben cumplir los oferentes. La tercera es la Convocatoria que se realiza para invitar a los proveedores a participar en el proceso. Esta convocatoria debe ser publicada en medios oficiales para asegurar la transparencia y permitir que un número amplio de interesados pueda presentar sus ofertas. Se realiza la Recepción de Ofertas donde los proveedores presentan sus propuestas dentro del plazo establecido.

En esta fase, es fundamental garantizar que las ofertas sean recibidas y registradas adecuadamente para evitar cualquier tipo de manipulación o irregularidad, se procede a evaluar las ofertas presentadas con base en criterios objetivos y previamente establecidos en los pliegos de condiciones, asegurando así la selección del proveedor más adecuado, emitiéndose un acto administrativo que adjudica el contrato al proveedor seleccionado implicando la formalización del acuerdo y debe ser comunicada a todos los participantes en el proceso, se lleva a cabo la ejecución del contrato adjudicado, realizando un seguimiento continuo para asegurar que se cumplan los términos acordados en cuanto a calidad, tiempo y costo. Finalmente, se realiza el cierre del contrato, donde se verifica que todas las obligaciones han sido cumplidas y se evalúa el desempeño del proveedor. Esta etapa también incluye la documentación final y el informe sobre el proceso, lo cual es esencial para futuras referencias y auditorías.

El procedimiento de selección de contratistas se tiene que realizar con estricto apego al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas vigente (2014); lo que establece el artículo 2, donde expone el respeto por los principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y simplificación de trámites; esto quiere decir, con actuaciones objetivas e imparciales, sin trámites innecesarios y engorrosos, con igualdad de trato y condiciones para participantes y oferentes, con la publicidad de sus actos y fomentando la concurrencia para una real competencia.

A partir del año 2013, la situación política ha impactado directamente las disciplinas jurídico-económicas que interactúan en la gerencia de los procesos de contrataciones públicas, por ello, los presupuestos asignados a los Poderes Públicos para la adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras han disminuido. Esta reducción presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad de los organismos del Estado para satisfacer las necesidades materiales y físicas necesarias para su buen funcionamiento, precisando a cubrir las necesidades de funcionamiento de las organizaciones públicas de forma expedita.

Lo anterior no es el único problema, sino también la brecha que existe entre lo que establece la ley y lo que sucede en la realidad, debido a alto nivel de discrecionalidad, desconocimiento u omisiones que cometen los servidores públicos ante la aplicación e interpretación de la verdadera legislación vigente, su reglamentación, y demás resoluciones o normas internas en los procesos de contratación.

Por lo tanto, se abre el espectro de la falta de transparencia en los procedimientos poniendo en riesgo la ética y la moral de los responsables de la toma de decisión, impartiendo instrucciones, algunas veces por lineamientos y otra por desconocimiento en materia de contrataciones públicas, exceptuando la Ley que contempla dentro de sus articulados, los mecanismos legales para dar repuestas a cualquier tipo de emergencia.

Es por ello, que en la praxis se deben tomar decisiones para lograr las metas establecidas; sin embargo, estas no deben ser contrarias al ordenamiento jurídico, ya que quienes tienen la decisión de contratar deben de velar por la transparencia en los procesos de contrataciones. En las contrataciones públicas, la corrupción supone la manipulación de alguna de las actuaciones en cualquiera de las fases de la gestación de un contrato para favorecer ilegalmente a un oferente frente a otros o para otorgarle un beneficio ilícito, beneficio del que de algún modo participa el servidor público que maneja esa manipulación. Medina (2016), específica que la corrupción en la contratación pública se materializa con diferentes tipos de actuaciones que, vulnerando la legalidad, llevan a la “adopción por parte de los servidores públicos de decisiones que se desvían del objetivo propio de la actuación administrativa que es el interés general para obtener alguna clase de beneficio para sí o para un tercero”.

La corrupción, sea en la forma que sea, tiene un doble costo: la calidad y a veces seguridad de lo ejecutado; el coste moral en pérdida del valor de la ética y de la confianza en el sistema político. Siendo la erradicación total de la misma una utopía, es consustancial a la naturaleza humana, o al menos es permanente su constatación desde que se conocen datos de la historia de la Humanidad. Recordando la fábula del escorpión y la rana atribuida a Esopo, lo esencial de la naturaleza siempre prevalece, aunque seamos conscientes de que sus efectos son letales.

La transparencia y la ética están vinculadas por su analogía a las normas, las cuales implican valores fundamentales como lo bueno, lo justo. Cuando la ética se pone en prácticas en las organizaciones públicas se define como Ética Pública, también nombrada ética para la administración y políticas públicas. Según Bautista (2007). La Ética Pública “señala principios y valores deseables a ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública”. Esta ética ofrece herramientas y comprensión al funcionario público para ejecutar sus acciones en beneficio en la que está realizando sus funciones.

Conforme a lo señalado, los actores responsables de las funciones dentro de la administración pública por principio deben realizar los procesos correspondientes con transparencia, empleando la ética y principios de valores. Ahora bien, ¿Cómo la ética condiciona la transparencia en las contrataciones públicas?, en concordancia con Adela Cortina (2000), la ética aplicada en la función pública se basa en el concepto de servir al bien común y actuar con honestidad, eficacia y eficiencia. Es fundamental para garantizar un buen comportamiento por parte de los funcionarios públicos y para fomentar la transparencia en las estructuras de poder. La observancia de los principios éticos en el ámbito público es crucial para prevenir los efectos negativos de la corrupción y el abuso de poder.

Además, la ética se presenta como una disciplina que permite al ciudadano diferenciar los juicios morales validos de los juicios convencionales Cortina (ob. cit.), esto quiere decir, que el servidor público al actuar bajo estos criterios alude al operar éticamente con sus semejantes y consigo mismo, lo ético pertenece al ámbito de los valores donde hay normas establecidas. Para complementar esta conducta se requiere manifestar sus principios, valores, cualidades y costumbre a lo que no se puede renunciar, pues al hacerlo sería como renunciar a la propia esencia del ser social.

Cabe mencionar, que la transparencia en los múltiples espacios y aras del gobierno según Guerrero (2008) se define como el “conjunto de decisiones y acciones del gobierno que tienen por objeto entregar a las personas interesadas y a los propios funcionarios, la información clara, precisa, accesible y abundante sobre dimensiones diversas del desempeño gubernamental”. Así es, como las organizaciones públicas comunican y dan a saber, sobre los métodos, practicas, praxis y efecto relacionado a la toma de decisiones.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 1999, la administración pública debe realizar sus operaciones bajo la exigencia de procesos administrativos transparentes. Por ende, quienes desempeñan la función pública deben exhibir una ética y unos principios regidos por la honestidad, integridad y orientación hacia el bien común como la expresión máxima del buen servicio hacia la sociedad. Una conducta de esta naturaleza sería la manifestación más clara del buen trabajo del servidor público pues estaría demostrando un comportamiento honesto, eficaz y eficiente. Sin embargo, diversos estudios reportan los altos índices de corrupción que se registran en América Latina.

Según Monasterios (2008), la gerencia pública como sistema no lineal conjuga complejidades multidisciplinarias, como resultado de consecuencias de la acción gerencial en colectivo, desde la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía; sus estrategias alcanzan a la ética primeramente como atractor extraño que dirige a la eco-organización pública hacia la estabilidad más que al equilibrio, lo cual se corresponde con el comportamiento dual de la ética. Desde esta perspectiva, la ética logra aproximarse a la descripción de un atractor extraño y éste, a pesar de ser estable, tiene la capacidad de cambiar y desaparecer. Esto quiere decir, que las acciones gerenciales tienen consecuencias en el colectivo y en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Las estrategias se enfocan en la ética como un elemento clave que guía a la organización pública hacia la estabilidad, más que hacia el equilibrio, reflejando así un comportamiento dual de la ética.

Los servidores públicos cumplen diversos roles en el desempeño de la función pública, sin los cuales no puede existir un Estado, este desempeño esta mediado por la conciencia del funcionario público en la cotidianidad de la organización, conciencia que permite la comprensión de la propia vida, vida repleta de experiencias y significados que condicionan su actuación y desempeño. Por consiguiente, ¿Por qué es necesaria la transparencia en las contrataciones públicas?, ¿Sera posible encontrar la comprensión del fenómeno de la transparencia en las contrataciones públicas desde las estructuras esenciales de la conciencia, valores éticos, de los servidores públicos como fundamento en la administración pública?, ¿Qué sucede cuando se ausenta la ética dentro de las instituciones públicas?

Reflexiones

La prevención de prácticas corruptas en las contrataciones públicas requiere un enfoque multifacético combinando la educación, tecnología, participación ciudadana y mecanismos regulatorios sólidos. Implementando dichas estrategias, se avanza hacia una administración pública más transparente y responsable, lo que fortalecerá la confianza, integridad y eficacia en el uso de los recursos públicos.

La Transparencia como política pública, es el modelo de gobierno que busca una buena administración, su cualidad, es la de ser abierto a la información, normas, planes presentes y las acciones que los servidores públicos tienen que asumir con responsabilidad al mostrar sus acciones de una forma clara, evidente, que no deje dudas y que no presenta ambigüedades, promoviendo a la participación ciudadana y rendición de cuentas, como un pilar fundamental de todo procedimiento de selección de contratistas, estructurante, transversal e instrumental directamente relacionado con los principios de planificación, igualdad, competencia y publicidad.

REFERENCIAS