Desnaturalización del estado de excepción como restricción de los derechos humanos en Venezuela

Resumen

Con la transformación de Venezuela en un Estado Fallido, el régimen político ha venido buscando fórmulas para mantener el control territorial mediante el uso de instituciones nacionales, como los estados de excepción, por parte de otras instancias político-territoriales, supliendo las funciones de otros poderes públicos, restringiendo derechos humanos y buscando justificación en la lucha contra el COVID-19. Las formas que han empleado para las distintas modificaciones solo demuestran una tentación que se consuma en el ejercicio de la función de legislador, desde el uso de la función reglamentaria justificada en un Estado de Excepción que no puede ser delegada al Gobierno Regional, mucho menos para limitar derechos humanos. En el caso venezolano, los Estado de excepción no son formas de modificar el procedimiento de forma constitucional. En el caso de los decretos comentados, que ni siquiera es el titular de la atribución constitucional, se crean sanciones, procedimientos y ejecuciones inmediatas de las mismas, dejando una sensación de arbitrariedad e inseguridad jurídica al administrado. La forma abrupta en que estos procedimientos son alterados y hasta se exigen sus aplicaciones, suceden por la justificación de la propia pandemia del Covid-19.